Un nuevo escándalo sacude la política de seguridad en Colombia. El Gobierno Nacional anunció la suspensión inmediata de los diálogos con cabecillas de bandas criminales recluidos en la cárcel de Itagüí, tras revelarse la realización de una lujosa fiesta dentro del penal.
El evento, llevado a cabo el pasado 8 de abril, habría contado con licor, comida tipo catering y presentaciones musicales, en un contexto que ha generado indignación nacional. Entre los asistentes se encontraban jefes delincuenciales que participaban como voceros en la estrategia de “paz total”, lo que encendió aún más la polémica.
La delegación oficial del proceso, liderada por la senadora Isabel Cristina Zuleta, rechazó lo ocurrido y anunció la suspensión de los encuentros hasta esclarecer los hechos. La funcionaria calificó el episodio como una grave irregularidad que pone en entredicho la seriedad del proceso.
Por su parte, el INPEC aseguró que la actividad no contaba con autorización oficial y tomó medidas inmediatas, entre ellas la salida del director del centro penitenciario y del coordinador de guardia. Además, se abrió una investigación disciplinaria contra siete funcionarios que estaban de turno.
Según denuncias, la fiesta habría tenido un costo cercano a los 500 millones de pesos, financiados presuntamente por los propios cabecillas mediante una colecta interna. También se mencionó la participación de artistas como Nelson Velásquez y Luis Posada, lo que aumentó la controversia.
Las revelaciones, impulsadas por la concejal Claudia Carrasquilla, han generado cuestionamientos sobre los beneficios y condiciones dentro de las cárceles, así como sobre el manejo de los diálogos con estructuras criminales.
Este episodio abre un nuevo debate sobre los límites de la “paz total” y la necesidad de mantener el control institucional en los centros penitenciarios. Mientras avanzan las investigaciones, la opinión pública exige respuestas claras y sanciones ejemplares.
