El cierre de 2025 marca un punto de inflexión en la historia de la educación superior en Colombia. Lo que comenzó como una promesa de campaña bajo el lema de la “democratización” se ha transformado, según diversos analistas y sectores académicos, en una estrategia sistemática de toma de control institucional. Con el Gobierno de Gustavo Petro entrando en su recta final, la mirada está puesta en los Consejos Superiores Universitarios (CSU), donde el Ejecutivo ha movido sus fichas con una precisión quirúrgica para alterar el ADN de las instituciones oficiales.
El corazón de la autonomía universitaria reside en sus CSU, los máximos órganos de gobierno encargados de definir el rumbo financiero, académico y, sobre todo, administrativo de las universidades. Una revisión detallada revela que en 11 de las 32 instituciones públicas del país —un 34 % del total—, los delegados presidenciales no son simplemente técnicos en educación, sino militantes activos y figuras políticas alineadas con la causa del Pacto Histórico.
Instituciones de la talla de la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, la Universidad del Valle y la Industrial de Santander (UIS) se han convertido en tableros de una disputa ideológica. En estos escenarios, la figura del delegado presidencial ha dejado de ser un puente institucional para convertirse en un promotor de la “constituyente universitaria”, una propuesta que busca reformar los estatutos internos para otorgar un poder vinculante a las consultas populares en la elección de rectores.
La obsesión del presidente Petro por trasladar la toma de decisiones a “el pueblo” ha encontrado su laboratorio más exitoso en tres universidades clave: la Pedagógica Nacional, la Distrital Francisco José de Caldas y la UIS. En estas instituciones, las reglas del juego para elegir rector ya no son las mismas.
En la Universidad Industrial de Santander (UIS), por ejemplo, el cambio estatutario es radical: si un candidato aventaja a sus rivales por más del 20 % en la consulta estocástica, el CSU queda obligado a ratificarlo, eliminando la discrecionalidad basada en criterios de gestión o méritos académicos. Detrás de este movimiento en la UIS está Nicolás Corso Salamanca, un hombre del círculo íntimo de Petro desde la Alcaldía de Bogotá, quien a pesar de estar vinculado a procesos judiciales por presunta corrupción, mantiene su silla en el Consejo Superior como la voz del mandatario.
Por su parte, la Universidad Distrital ha implementado una “votación ponderada” donde la opinión de la comunidad universitaria pesa un 53 %, dejando la evaluación de la hoja de vida reducida a un escaso 20 %. Allí, la representación estatal recae en Ana María Nates, integrante del colectivo “Activistas del Cambio”, un grupo señalado por investigaciones periodísticas como una red de propaganda vinculada a figuras polémicas como Xavier Vendrell.
Sombras sobre los Delegados: Entre el Activismo y la Justicia
El perfil de quienes hoy representan al Presidente en las universidades ha encendido las alarmas de los organismos de control y de la opinión pública. No se trata solo de afinidad política, sino de cuestionamientos éticos y judiciales que empañan la investidura de los delegados.
Wilmar Mejía (U. de Antioquia): Su nombre saltó a los titulares no por sus aportes académicos, sino por presuntos vínculos con estructuras de inteligencia y posibles infiltraciones de grupos armados ilegales en el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI). Su influencia en la Fuerza Pública y su rol en la toma de decisiones universitarias generan un ruido institucional sin precedentes.
Linda Mayerly Cárdenas (U. Pedagógica): Activista férrea del Pacto Histórico, fue pieza clave en la modificación de los estatutos de la Pedagógica para garantizar que la consulta universitaria sea la que dicte quién lleva las riendas de la institución.
María Alejandra Rojas (U. Nacional): Su papel en la convulsa designación de rector en la universidad más importante del país evidenció la intención del Gobierno de desconocer procesos establecidos en favor de la movilización social dirigida.
¿Autonomía o Subordinación Política?
El argumento del Gobierno es que se está devolviendo la universidad a los estudiantes y profesores. Sin embargo, los críticos sostienen que la “democratización” es una fachada para politizar los campus y utilizarlos como fortines de movilización de cara a las próximas contiendas electorales. Al debilitar la importancia de la experiencia administrativa y los requisitos legales en favor de la popularidad en las urnas universitarias, se corre el riesgo de entregar la gestión de presupuestos multimillonarios a figuras con mayor capacidad de agitación que de gestión técnica.
La autonomía universitaria, protegida por la Constitución de 1991, enfrenta hoy un desafío de supervivencia. Si la tendencia continúa, para el final del mandato de Petro, la estructura de las universidades públicas habrá sufrido una metamorfosis irreversible. Las instituciones dejarían de ser centros de pensamiento independiente para convertirse en nodos de una red política nacional, donde la lealtad al proyecto del Gobierno prima sobre la excelencia académica.
El panorama al cierre de 2025 es claro: la “revolución” de Petro ha entrado en las aulas, no a través de las ideas, sino a través de los decretos y la designación estratégica de sus cuadros más fieles. El país observa con cautela si este cambio traerá la anhelada inclusión o si, por el contrario, será el inicio de un periodo de inestabilidad administrativa en la educación superior pública colombiana.
