El cierre del año 2025 deja una radiografía preocupante para el Estado colombiano. Mientras el Gobierno Nacional persiste en su apuesta por la “Paz Total”, las cifras oficiales del Ministerio de Defensa y los informes de inteligencia pintan una realidad paralela: una nación donde los grupos armados no solo se han fortalecido, sino que han expandido su control territorial a niveles que no se veían en la última década.
La Expansión de los “Ejércitos de la Sombra”
El dato más revelador del informe Accam es el crecimiento demográfico de la ilegalidad. Entre diciembre de 2024 y julio de 2025, las filas de los Grupos Armados Organizados (GAO) se engrosaron con 3,320 nuevos integrantes, un aumento del 15%. Para junio de este año, se estima que 25,278 personas forman parte de estas estructuras.
Este crecimiento no es uniforme, lo que demuestra dinámicas de reclutamiento diferenciadas:
Clan del Golfo: Se consolida como la fuerza más numerosa con 8,945 miembros (un aumento del 18%).
Estado Mayor Central (Disidencias Farc): Registró el crecimiento más agresivo, disparándose un 20% en apenas seis meses.
ELN: Mantiene un crecimiento moderado del 3%, sumando 6,450 integrantes.
Expertos como Iván Carvajal advierten que estas cifras podrían estar subestimadas. La razón es financiera: las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión hoy superan en agilidad al presupuesto estatal, permitiendo a los grupos ilegales “comprar” voluntades y reclutar menores con una facilidad alarmante.
El Retorno del Secuestro y la Sangría en la Fuerza Pública
Dos indicadores han encendido las alarmas máximas por su crecimiento exponencial cercano al 100%:
El Secuestro: Este flagelo, que Colombia creía haber dejado en el pasado, regresó con una fuerza devastadora. Los casos pasaron de 283 en 2024 a 559 en 2025. Más que un fin económico, el secuestro se está utilizando nuevamente como un instrumento de presión política y control social.
Ataques a la Fuerza Pública: El costo humano para quienes visten el uniforme ha sido altísimo. El asesinato de militares y policías aumentó un 98.7%, con 153 uniformados caídos en servicio. Casos como el derribo del helicóptero en Anorí, Antioquia, donde murieron 13 policías, evidencian un salto en la capacidad tecnológica y bélica de los grupos ilegales, que ahora utilizan drones y explosivos de alta precisión.
Geografía del Homicidio: El Valle y Antioquia a la Cabeza
El homicidio intencional creció un 3.2%, alcanzando las 11,324 víctimas a octubre de 2025. La violencia no se reparte de forma equitativa; se concentra en nodos estratégicos para las economías ilícitas:
| Departamento / Ciudad | Homicidios (Ene-Oct 2025) |
| Valle del Cauca | 1,919 |
| Antioquia | 1,471 |
| Bogotá y Cundinamarca | 1,325 |
| Atlántico | 706 |
| Cauca | 679 |
La “urbanización del conflicto” es una realidad. Ciudades como Cali, Barranquilla y Bogotá están sintiendo el coletazo de las disputas rurales, traduciéndose en sicariato, ajustes de cuentas y una extorsión que ya no perdona ni al pequeño comerciante de barrio.
¿Un Estado Debilitado?
La crítica de sectores expertos, como la exsecretaria de Seguridad María Ximena Román, apunta a que la política de beneficios y mesas de diálogo ha generado un “efecto sombrilla”. Bajo el amparo de los ceses al fuego, los grupos habrían aprovechado para fortalecer su inteligencia y cuadros de mando, mientras la operatividad de las Fuerzas Armadas se ha visto limitada por la disminución en inversión tecnológica y el freno a las extradiciones.
A pesar de las mejoras salariales para soldados y policías rasos, el panorama de inseguridad plantea un reto mayúsculo para 2026: ¿Cómo recuperar el control del territorio sin romper los puentes de diálogo? La respuesta a esta pregunta definirá si Colombia logra estabilizar sus indicadores o si el 2025 será recordado como el año en que la criminalidad le ganó la partida al Estado.
