Durante más de una década, el nombre “Cartel de los Soles” ha ocupado titulares, discursos políticos y documentos judiciales en Estados Unidos y América Latina. Para muchos, la expresión evocaba la imagen de una poderosa organización criminal, jerárquica y estructurada, liderada desde las más altas esferas del poder venezolano. Sin embargo, recientes giros en las acusaciones de las autoridades estadounidenses han reabierto el debate: ¿existió realmente el Cartel de los Soles como una organización criminal formal o se trata de un término simbólico para describir un sistema de corrupción enquistado en el Estado?
El concepto tomó fuerza internacional en 2020, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios venezolanos, señalándolos como líderes o integrantes de lo que se describía como una red dedicada al narcotráfico. En ese momento, el “Cartel de los Soles” fue presentado ante la opinión pública como una estructura criminal que utilizaba instituciones del Estado para facilitar el paso de drogas hacia mercados internacionales, especialmente Estados Unidos.
El nombre, según las autoridades, hacía referencia a los soles que adornan los uniformes de los altos mandos militares venezolanos, insinuando que sectores de las Fuerzas Armadas habrían sido cooptados por el narcotráfico. La narrativa caló con rapidez: para muchos analistas y medios, el Cartel de los Soles se convirtió en sinónimo de un “narcoestado”, una etiqueta que marcó la imagen internacional de Venezuela durante años.
No obstante, con el paso del tiempo, esa interpretación comenzó a mostrar fisuras. En 2025, una nueva revisión de las acusaciones del Departamento de Justicia introdujo un matiz clave: el Cartel de los Soles ya no era descrito como una organización criminal tradicional, con una estructura definida, líderes identificables y operaciones coordinadas al estilo de los grandes cárteles mexicanos o colombianos. En cambio, el término pasó a entenderse como una forma de describir un sistema.
Según la acusación reescrita, el llamado Cartel de los Soles sería en realidad “un sistema de clientelismo” y una “cultura de corrupción” alimentada por el dinero del narcotráfico. Es decir, no un grupo delincuencial único y cohesionado, sino una red informal de funcionarios civiles, militares y de inteligencia que, aprovechando su posición de poder, facilitaron actividades ilícitas a cambio de beneficios económicos y políticos.
El cambio no fue menor. Mientras el documento original mencionaba el término en más de treinta ocasiones, la nueva versión apenas lo cita un par de veces, y siempre con una aclaración conceptual. Para los fiscales estadounidenses, el énfasis ya no estaba en probar la existencia de un cártel clásico, sino en demostrar cómo el narcotráfico permeó instituciones del Estado venezolano, creando un entramado de lealtades, favores y protección mutua.
Aun así, la nueva acusación no exime de responsabilidad a los máximos líderes políticos del país. Por el contrario, reafirma que tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro habrían participado activamente en la consolidación de este sistema de clientelismo, permitiendo que se perpetuara durante años. El documento sostiene que los beneficios del narcotráfico “fluían hacia funcionarios corruptos” bajo la gestión de altos mandos, en un esquema conocido popularmente como el Cartel de los Soles.
Este giro conceptual ha generado interpretaciones encontradas. Para algunos expertos, se trata de un reconocimiento implícito de que la narrativa inicial simplificó en exceso una realidad mucho más compleja. En lugar de un cártel con organigrama y mando único, lo que existiría sería una cultura institucional donde la corrupción se normalizó y el narcotráfico encontró protección en distintos niveles del poder.
Otros, en cambio, consideran que el cambio de lenguaje no disminuye la gravedad de las acusaciones. Argumentan que, aunque no exista una organización criminal “formal”, el impacto de un sistema de corrupción estatal puede ser incluso más dañino, ya que compromete a instituciones completas y dificulta la rendición de cuentas.
La controversia se intensificó tras declaraciones recientes de altos funcionarios estadounidenses. Marco Rubio, secretario de Estado, se refirió al Cartel de los Soles como una organización criminal transnacional en un pronunciamiento público realizado a comienzos de 2026. En sus palabras, Estados Unidos se reservaba el derecho de actuar contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico operadas por estas redes, insistiendo en que el liderazgo de dicho sistema recaía en Nicolás Maduro, quien —según afirmó— enfrentaría procesos judiciales en territorio estadounidense.
Estas declaraciones contrastan con el lenguaje más técnico y matizado del Departamento de Justicia, lo que ha generado confusión y debate en la opinión pública. ¿Se trata de una diferencia política y comunicacional, o de visiones distintas dentro del mismo gobierno estadounidense? Para algunos analistas, el uso del término “organización criminal” responde más a un discurso político contundente que a una definición jurídica estricta.
En Venezuela, el tema sigue siendo altamente sensible. El gobierno ha rechazado de forma sistemática todas las acusaciones, calificándolas como parte de una estrategia de presión internacional y negando cualquier vínculo con el narcotráfico. Mientras tanto, sectores de la oposición utilizan el término Cartel de los Soles como símbolo de la corrupción que, aseguran, ha devastado al país.
Más allá de las disputas semánticas, el debate revela algo fundamental: el poder de las palabras en la política internacional. Llamar “cártel” a un sistema de corrupción estatal tiene implicaciones distintas a describirlo como una cultura de clientelismo. En ambos casos, las acusaciones son graves, pero el enfoque define cómo se entiende el problema y qué tipo de soluciones se plantean.
Hoy, el Cartel de los Soles parece haberse transformado de un supuesto ente criminal concreto en un concepto que busca explicar cómo el narcotráfico puede infiltrarse en el corazón mismo del Estado. No es un grupo con nombre propio y fronteras claras, sino una expresión que resume años de denuncias, investigaciones y disputas geopolíticas. Y aunque el término siga generando titulares, su verdadero significado parece estar más cerca de la descripción de un fenómeno estructural que de la existencia de un cártel tradicional.
