El presidente Gustavo Petro decidió subir el tono del debate y defender sin matices el decreto de emergencia económica que actualmente estudia la Corte Constitucional. En un contexto de fuertes críticas políticas, demandas jurídicas y tensiones con el sector empresarial, el mandatario dejó claro que esta medida no es negociable para su gobierno y que, de ser tumbada, tendría un impacto profundo no solo en las finanzas del Estado, sino en el mensaje institucional que se le envía al país.
La emergencia económica, decretada por el Gobierno nacional, busca habilitar la creación de nuevos impuestos como mecanismo para cubrir un presupuesto que, según el Ejecutivo, ya no admite más recortes sin afectar derechos fundamentales. El decreto está siendo analizado por la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Carlos Camargo, y enfrenta varias demandas que solicitan su inexequibilidad.
Anticipándose a una posible decisión adversa, Petro lanzó una advertencia directa al alto tribunal. “Si se cae, el mensaje de la Corte Constitucional sería que no se le puede pagar a los trabajadores el salario suficiente para que puedan vivir”, afirmó el jefe de Estado, planteando el debate en términos sociales y no solo fiscales. Para el presidente, la discusión no se limita a números, sino a la posibilidad real de garantizar condiciones de vida dignas para millones de colombianos.
En su defensa del decreto, Petro también arremetió contra sectores empresariales poderosos, señalando que históricamente se han opuesto a mejoras salariales para los trabajadores. En ese contexto mencionó al Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y al sector financiero, a quienes acusó de no priorizar el bienestar de sus empleados. Según el mandatario, existe una resistencia estructural de las grandes empresas a permitir que los trabajadores accedan a un salario mínimo vital que cubra las necesidades básicas de toda una familia.
El discurso presidencial también tuvo destinatarios políticos. Petro responsabilizó a los senadores Efraín Cepeda y Mauricio Gómez Amín por la crisis en las tarifas de energía en la región Caribe, asegurando que decisiones tomadas en el Congreso han terminado afectando directamente el bolsillo de los ciudadanos de la costa. Estas declaraciones reavivan la tensión entre el Ejecutivo y sectores del Legislativo que han sido críticos de las reformas impulsadas por el Gobierno.
Desde el frente económico, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, respaldó la posición presidencial y fue enfático en señalar que el Presupuesto General de la Nación es inflexible. De acuerdo con el funcionario, no existen márgenes amplios para seguir ajustando el gasto sin tocar áreas sensibles como salud, educación, pensiones o salarios de la Fuerza Pública, rubros que están protegidos constitucionalmente.
Petro insistió en que su gobierno ya hizo esfuerzos significativos de austeridad. Reveló que durante 2025 se recortaron cerca de 16 billones de pesos del presupuesto nacional, una cifra que, según él, desmonta el argumento de la oposición que acusa a su administración de derroche. En su visión, el problema fiscal no se origina en un aumento irresponsable del gasto, sino en una estructura económica heredada y en el peso de la deuda externa.
Precisamente, el presidente volvió a mirar al pasado para explicar la situación actual de las finanzas públicas. Señaló al expresidente Iván Duque como responsable del incremento del endeudamiento, argumentando que durante su gobierno se produjo una fuerte devaluación del peso colombiano. “Duque produjo la desvalorización del peso colombiano, que llegó a estar en cinco mil pesos por dólar, entonces toda la deuda en dólares se agrandó”, afirmó Petro, responsabilizando a ese fenómeno de buena parte de las presiones fiscales actuales.
La defensa del decreto de emergencia económica se ha convertido así en un pulso político, jurídico y social. Para el Gobierno, es una herramienta necesaria para garantizar derechos y sostener el funcionamiento del Estado. Para sus críticos, representa una carga adicional para los ciudadanos y un uso excesivo de poderes excepcionales.
Mientras la Corte Constitucional avanza en el estudio del decreto, el país permanece atento a una decisión que podría marcar el rumbo económico de los próximos meses. Lo cierto es que Petro ya dejó clara su postura: la emergencia económica no es solo una medida fiscal, sino una bandera política y social que su gobierno está dispuesto a defender hasta el final.
