La propuesta del presidente Gustavo Petro de liquidar las Entidades Promotoras de Salud (EPS) ha encendido las alarmas en amplios sectores del sistema sanitario colombiano. Aunque el mandatario sostiene que estas entidades se han convertido en un “barril sin fondo” y que su deuda es insostenible, organizaciones, expertos y actores del sector advierten que una decisión de este calibre podría generar un colapso aún mayor en la atención a millones de pacientes.
El debate tomó fuerza luego del consejo de ministros del pasado 19 de enero, en el que el jefe de Estado aseguró que un reciente concepto del Consejo de Estado sería una señal clara para avanzar en la liquidación de las EPS. Sus declaraciones no tardaron en provocar reacciones, especialmente del llamado Pacto por una Mejor Salud, una alianza conformada por más de 50 organizaciones del sector, entre asociaciones médicas, hospitales, clínicas, pacientes y expertos.
Para este colectivo, la propuesta presidencial representa un “desmantelamiento muy riesgoso” del sistema de salud colombiano. En un comunicado, el Pacto advirtió que liquidar las EPS sin contar con un sustituto operativo sólido pone en peligro la continuidad de los tratamientos, la atención oportuna de los pacientes y la estabilidad financiera de los hospitales y clínicas del país.
Uno de los principales argumentos de la alianza es que las EPS no solo cumplen una función administrativa, sino que son piezas clave en la gestión del riesgo en salud. Estas entidades se encargan de organizar las redes de prestación, articular los diferentes niveles de atención, autorizar procedimientos, auditar servicios y garantizar el pago a miles de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Su eliminación abrupta, señalan, dejaría un vacío funcional inmediato que el Estado no está en capacidad de asumir.
“La realidad es que hoy no existe una institución del Gobierno nacional o regional con la capacidad operativa para administrar, autorizar, auditar y pagar de manera directa y simultánea millones de servicios de salud en todo el territorio”, afirmó el Pacto por una Mejor Salud. Según esta visión, la liquidación de las EPS no resolvería la crisis, sino que la trasladaría al Estado, agravando los problemas de acceso, oportunidad y calidad en la atención.
El contexto actual del sistema de salud refuerza estas preocupaciones. Cerca de la mitad de la población colombiana se encuentra afiliada a EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, lo que significa que el Estado ya tiene una carga significativa en la administración del aseguramiento. Para los expertos, asumir de golpe la totalidad del sistema sin una transición clara sería un riesgo mayúsculo.
Desde el Gobierno, sin embargo, la narrativa es distinta. El presidente Petro ha insistido en que las EPS acumulan deudas millonarias que hacen inviable su sostenimiento. En su criterio, seguir inyectando recursos públicos para cubrir obligaciones pasadas impide que el sistema funcione en el presente. “Es mejor liquidar que tenerlas”, afirmó el mandatario, señalando que mantenerlas activas implica pagar el pasado y no garantizar la atención actual.
No obstante, analistas del sector advierten que la deuda no es un problema exclusivo de las EPS, sino el reflejo de fallas estructurales del sistema, como la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el aumento de costos en medicamentos y tecnologías, y la falta de ajustes oportunos a la financiación. En ese sentido, liquidar a las EPS sin resolver estas causas de fondo podría reproducir el problema bajo otra figura.
Los hospitales y clínicas también observan el debate con preocupación. Muchas IPS dependen de los pagos de las EPS para su sostenibilidad y ya enfrentan graves dificultades financieras. Un proceso de liquidación masiva podría retrasar aún más los pagos, afectar la operación de los servicios y, en el peor de los escenarios, provocar el cierre de instituciones, especialmente en regiones apartadas.
El Pacto por una Mejor Salud no descarta la necesidad de reformas profundas, pero insiste en que estas deben ser responsables, graduales y centradas en el paciente. Para la alianza, cualquier transformación del sistema debe priorizar la continuidad de la atención, la protección de los usuarios y la estabilidad de la red hospitalaria, evitando decisiones que, aunque bien intencionadas, puedan tener consecuencias irreversibles.
En medio de este panorama, el debate sobre el futuro de las EPS se convierte en uno de los temas más sensibles del país. Mientras el Gobierno defiende la liquidación como una salida a la crisis financiera, múltiples sectores alertan que el remedio podría ser peor que la enfermedad. El reto, coinciden muchos expertos, no es simplemente desmontar el sistema actual, sino construir uno nuevo sin poner en riesgo la salud y la vida de millones de colombianos.
