Golpe contundente a la minería ilegal en el bagre: fuerza pública destruyó maquinaria usada para extraer oro
Un importante operativo contra la minería ilegal fue desarrollado en el municipio de El Bagre, Antioquia, donde la Fuerza Pública logró afectar de manera directa una estructura dedicada a la explotación informal de oro. La acción fue ejecutada por tropas del Ejército Nacional en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.
La intervención se llevó a cabo en el sector conocido como Los Aguacates, una zona históricamente impactada por prácticas mineras al margen de la ley. Durante el procedimiento, las autoridades ubicaron seis unidades productoras mineras que operaban sin los permisos ambientales ni legales exigidos, generando un grave daño a los recursos naturales del territorio.
En el lugar fue hallada y destruida de forma controlada una considerable cantidad de maquinaria empleada para la extracción ilícita de minerales. Entre los elementos incautados se encontraban cinco dragas tipo buzo, una excavadora, cinco motores industriales, cinco motobombas, cinco clasificadoras y cerca de 400 galones de ACPM, combustible utilizado para mantener en funcionamiento estas operaciones ilegales.
De acuerdo con información de inteligencia militar, esta infraestructura permitía la extracción de más de 10.000 gramos de oro mensuales, lo que representaba ingresos superiores a los 5.000 millones de pesos. La inutilización de estos equipos supone un fuerte golpe económico para las redes que se lucran de la minería ilegal y que, en muchos casos, están vinculadas a otras actividades delictivas.
Las autoridades señalaron que este tipo de operaciones no solo afectan las finanzas de las organizaciones ilegales, sino que también buscan frenar el deterioro ambiental causado por el uso indiscriminado de maquinaria pesada, vertimientos contaminantes y la deforestación de amplias zonas rurales.
El Ejército Nacional reiteró su compromiso de continuar desarrollando acciones sostenidas en coordinación con las autoridades judiciales, con el fin de proteger los recursos naturales, garantizar la seguridad en las regiones afectadas y debilitar las economías ilícitas que afectan la estabilidad del país.
Finalmente, se hizo un llamado a la comunidad para denunciar cualquier actividad relacionada con la minería ilegal, recordando que la protección del medio ambiente y el desarrollo legal del territorio dependen del trabajo conjunto entre ciudadanía y Estado.
