El camino hacia la Casa de Nariño en 2026 ya tiene su primera hoja de ruta oficial. El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió las normativas que regirán las consultas populares, internas o interpartidistas que se llevarán a cabo el 8 de marzo, en paralelo con las elecciones legislativas. El objetivo es claro: garantizar que la competencia por las candidaturas únicas sea equitativa y esté bajo un estricto control de recursos públicos y privados.
Los límites al bolsillo: Topes de financiación
Uno de los puntos más relevantes es la fijación de los topes de gastos. El CNE ha determinado que estos límites no se aplican individualmente a cada precandidato, sino de manera global a la organización política (partido, coalición o grupo significativo de ciudadanos) que inscriba la consulta.
Esto significa que si un partido tiene tres precandidatos, los gastos de los tres sumados no pueden superar el techo establecido por la ley. Para 2026, los topes se han ajustado considerando el IPC, buscando evitar que el exceso de dinero desequilibre la contienda interna.
Gerencia única: Cada colectividad debe designar un gerente de campaña responsable de centralizar los reportes.
Cuentas claras: Es obligatorio el uso de una cuenta bancaria única para manejar todos los recursos de la consulta.
Anticipos estatales: El reloj corre para los grupos de firmas
El CNE también reglamentó los anticipos de financiación estatal. Según la Resolución 11745, los grupos significativos de ciudadanos (aquellos que se inscriben mediante recolección de firmas) tienen como fecha límite el 29 de diciembre de 2025 para solicitar estos recursos ante el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales.
Estos anticipos son fundamentales para los movimientos independientes, ya que representan el capital inicial para propaganda y logística. Sin embargo, para acceder a ellos, deben cumplir con requisitos estrictos, como la presentación de una póliza de seriedad de la candidatura.
Publicidad y tiempo en medios
La normativa no solo se limita al dinero. El CNE estableció que, una vez iniciada la campaña oficial, cada precandidato tendrá derechos garantizados en medios de comunicación para exponer su programa de gobierno:
Exposición inicial: Hasta cinco minutos para presentar sus propuestas principales.
Cierre de campaña: Una intervención adicional de hasta diez minutos durante la semana previa a los comicios.
¿Quiénes siguen en la contienda?
A pesar de que inicialmente varios partidos tradicionales manifestaron su interés, el panorama se ha depurado. Colectividades como el Pacto Histórico, el Centro Democrático y el Partido de la U se perfilan como los grandes protagonistas que utilizarán las urnas de marzo para definir sus cartas presidenciales, mientras que otros sectores han preferido optar por mecanismos internos o encuestas para evitar el desgaste financiero de una consulta popular.
Con estas reglas, el CNE busca evitar el fenómeno de la “doble financiación” y asegurar que los ciudadanos que acudan a las urnas el 8 de marzo lo hagan bajo un marco de transparencia total, donde el debate de ideas pese más que el presupuesto publicitario.
