Un juez de la República profirió sentencia condenatoria contra los hermanos José Gregorio Morgado Herrera y Estarlin Oswaldo Morgado Herrera, responsables del homicidio de Zaida Andrea Sánchez Polanco, conocida con el alias de “La Diabla”. La decisión judicial se conoció el pasado 25 de enero de 2026 y pone fin a un proceso que se extendió por casi un año desde la ocurrencia de los hechos en enero de 2025.
De acuerdo con el fallo, José Gregorio Morgado Herrera deberá cumplir una pena de 19 años de prisión, mientras que su hermano Estarlin Oswaldo fue condenado a 15 años de cárcel. Las sentencias se lograron tras un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, mecanismo mediante el cual los procesados aceptaron su responsabilidad en el crimen, lo que permitió agilizar el proceso judicial.
Durante el desarrollo del caso, la Fiscalía presentó un sólido conjunto de pruebas que incluyó testimonios, análisis técnicos y peritajes forenses. Estos elementos permitieron establecer que el asesinato no fue un hecho fortuito, sino una acción planificada y ejecutada de manera directa, con un objetivo claramente definido. Las autoridades señalaron que la víctima era el blanco específico del ataque, lo que reforzó la hipótesis de un homicidio selectivo.
La investigación despertó especial atención pública cuando se conoció la posible relación del crimen con la masacre de la familia Lora Rincón, un hecho que conmocionó a la región. Esta conexión llevó a los investigadores a analizar escenarios de retaliaciones, ajustes de cuentas y posibles nexos con estructuras criminales que operan en el departamento del Cesar y zonas aledañas.
Tras la lectura de la sentencia, las autoridades judiciales dieron por esclarecido este homicidio y reiteraron que el fallo representa un avance significativo en la lucha contra la impunidad. Asimismo, señalaron que las investigaciones continúan abiertas para identificar y judicializar a otros posibles responsables o autores intelectuales vinculados a redes delictivas.
El caso de alias “La Diabla” se convierte así en un referente sobre la importancia de la labor investigativa y del uso de mecanismos judiciales que permiten obtener resultados concretos. Para las autoridades, este fallo envía un mensaje claro: los hechos de violencia no quedarán sin respuesta y la justicia seguirá actuando para garantizar verdad, responsabilidad y sanción.
