La costa pacífica colombiana vuelve a vestirse de luto. Lo que inició como un trayecto rutinario entre el puerto de Buenaventura y el municipio de Timbiquí, en el departamento del Cauca, terminó en una catástrofe que hoy enluta a cuatro familias y reabre un debate nacional sobre la seguridad en las rutas fluviales y marítimas de las regiones más olvidadas del país. El naufragio en el sector de Playa Punta de Coco no es solo un accidente producto del azar climático; es un espejo de la vulnerabilidad extrema de quienes habitan la “Colombia profunda”.
La embarcación, que transportaba aproximadamente a 40 personas, se enfrentaba a un recorrido de cuatro horas, una distancia que para el habitante del Pacífico es parte de su cotidianidad, pero que en el mes de diciembre se convierte en un desafío contra la naturaleza. Durante esta época del año, la zona experimenta un fenómeno conocido de intensificación de corrientes, ráfagas de viento y cambios súbitos de marea que transforman el mar en un escenario hostil.
En medio del oleaje picante y las fuertes lluvias, la lancha perdió la batalla contra el agua y volcó, dejando a los pasajeros a merced de la corriente. Entre el caos y la desesperación, la mayoría logró ser rescatada y trasladada al Hospital Municipal de Timbiquí, pero para cuatro de ellos, la ayuda llegó demasiado tarde.
El dolor de esta noticia se profundiza al conocer la identidad de las víctimas. La muerte no hizo distinciones de edad, llevándose consigo la fragilidad de la infancia y la sabiduría de la vejez. Entre los fallecidos se encuentra un bebé de apenas tres meses de edad, cuya vida apenas comenzaba, y una menor identificada como Isabela. Junto a ellos, la tragedia se llevó a Simón Sinisterra, abuelo de la niña, y a otra mujer adulta mayor cuya identidad aún se procesa legalmente.
Que una misma familia pierda a dos o tres generaciones en un solo evento pone de manifiesto el drama humano detrás de las estadísticas de accidentalidad. Simón Sinisterra representaba el pilar de un hogar, mientras que los menores simbolizaban el futuro de una región que lucha por sobrevivir a la violencia y al abandono estatal.
Las autoridades navales y los organismos de socorro han sido enfáticos: diciembre es el mes de mayor riesgo para la navegación en el Pacífico colombiano. El choque de frentes fríos con la calidez de las aguas territoriales genera un sistema de presiones que altera el comportamiento del mar. A esto se suma el aumento del tráfico marítimo debido a la temporada de vacaciones y el retorno de familias a sus territorios ancestrales.
Sin embargo, el clima no puede ser la única explicación. En el sector de Punta de Coco, las corrientes son especialmente traicioneras. La pregunta que surge tras cada naufragio es si las embarcaciones cuentan con los equipos de navegación necesarios, chalecos salvavidas en condiciones óptimas y, sobre todo, si existe un monitoreo en tiempo real que impida el zarpe cuando las condiciones superan los límites de seguridad.
La navegación como única alternativa de vida
Para entender la magnitud de este naufragio, es necesario comprender la geografía del Cauca y el Chocó. En estas regiones, el mar y los ríos no son una opción de transporte; son la única vía de movilidad. No hay carreteras que conecten a Timbiquí con el resto del país de manera eficiente. Los alimentos, las medicinas, el comercio y la vida misma fluyen por el agua.
Esta dependencia absoluta coloca a los habitantes en una posición de indefensión. Si el transporte marítimo falla, la comunidad queda aislada. Por ello, la precariedad en la que operan muchas de estas rutas —algunas sin los permisos de ley o con exceso de carga para compensar los altos costos del combustible— es una “bomba de tiempo” que estalla con tragedias como la de esta semana.
La urgencia de una supervisión rigurosa
El llamado de las autoridades locales y de los sobrevivientes es claro: se requiere fortalecer los controles de la Capitanía de Puerto y de la Superintendencia de Transporte. No basta con emitir alertas climáticas por radio; es imperativo garantizar que cada lancha que sale de Buenaventura cumpla con protocolos de seguridad que no sean negociables.
La tragedia de Timbiquí debe servir para:
Inversión en infraestructura: Modernizar los puntos de embarque y desembarque para que sean zonas seguras.
Tecnología de rescate: Fortalecer la presencia de guardacostas en puntos críticos como Punta de Coco para reducir los tiempos de respuesta ante un volcamiento.
Subsidios y formalización: Apoyar a los transportadores locales para que puedan mantener sus embarcaciones en estado óptimo sin que el costo recaiga exclusivamente en el usuario final.
Conclusión: Un duelo que exige soluciones
Hoy, Timbiquí llora a sus muertos. La imagen del Hospital Municipal atendiendo a los sobrevivientes es un recordatorio de la resiliencia de un pueblo que, a pesar del dolor, deberá volver a subir a una lancha mañana mismo, porque no tiene otra forma de moverse.
El fallecimiento de Simón, Isabela y el pequeño de tres meses debe ser el último grito de alerta para que el Estado colombiano deje de mirar al Pacífico solo como un puerto de exportación y empiece a verlo como un territorio de ciudadanos que merecen viajar sin miedo a perder la vida en cada marea. La seguridad marítima no es un lujo; es un derecho fundamental que, en esta ocasión, le fue negado a cuatro colombianos.
