Al cierre de 2025, el panorama de seguridad en Colombia presenta una paradoja inquietante: mientras el Gobierno Nacional persiste en su política de “Paz Total”, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) atraviesa su mejor momento operativo y financiero de las últimas dos décadas. Lo que en campaña se prometió como un proceso ágil de tres meses, se ha transformado en un escenario donde la guerrilla ha logrado expandir su control territorial y consolidar lo que expertos denominan una “empresa criminal próspera”.
De la supervivencia a la expansión territorial
Para comprender la magnitud del fortalecimiento actual, es necesario mirar hacia atrás. Hace veinte años, el ELN era una organización diezmada, arrinconada por el paramilitarismo y con mandos replegados en zonas periféricas como el Catatumbo o la frontera con Venezuela. Sin embargo, el 2025 marca la culminación de un proceso de reingeniería que comenzó en su cuarto Congreso en 2006 y que se ha acelerado drásticamente durante el actual mandato.
Hoy, la organización no solo ha preservado su andamiaje financiero, sino que ha sabido combinar la ofensiva armada con su presencia en las mesas de diálogo. Esta dualidad le ha permitido actuar con una permisividad táctica, manteniendo sus actividades delictivas mientras el Estado limita el accionar de la Fuerza Pública bajo el marco de las negociaciones.
El modelo de “franquicias” criminales
Uno de los puntos más críticos señalados por analistas como el Dr. Jorge Mantilla es la fragmentación estratégica del grupo. Actualmente, no se puede hablar de un ELN homogéneo, sino de una estructura que opera bajo “diferentes formatos” según la región. Esta descentralización dificulta cualquier proceso de negociación, pues el Gobierno se enfrenta a múltiples identidades criminales dentro de una misma sigla.
La “salud financiera” de la organización es envidiable. A pesar de los esfuerzos oficiales por atacar el lavado de activos, la economía política regional del ELN se ha blindado a través de:
Minería ilegal: Control de yacimientos en zonas estratégicas.
Narcotráfico y rutas de frontera: Aprovechamiento del corredor binacional.
Extorsión sistemática: El “chantaje” como método de financiamiento y presión política.
El balance de una promesa incumplida
El sentimiento generalizado entre los expertos es que la estrategia gubernamental ha terminado por “premiar” a la guerrilla. Al permitir que el grupo mantenga sus rentas ilegales mientras se dialoga, se ha eliminado el incentivo real para que la insurgencia abandone las armas. Lejos de estar debilitado, el ELN ha utilizado los últimos tres años y medio para fortalecer su “lucha de masas” urbana y asegurar corredores rurales clave.
En conclusión, el 2025 termina con un ELN que ha sabido leer las debilidades de la política estatal. La organización ha pasado de ser una guerrilla en repliegue a convertirse en un actor dominante que impone condiciones, demostrando que, en la práctica, la paz no ha llegado y la guerra se ha vuelto, para ellos, un negocio más rentable que nunca.
