La escena ocurrió a plena luz de la tarde y en una de las vías más importantes del suroccidente colombiano. No fue un golpe improvisado ni producto del azar. Fue una operación calculada, rápida y ejecutada con precisión militar. Disidentes de las FARC interceptaron dos camiones tipo niñera que transportaban 17 camionetas Toyota de alta gama en el norte del Cauca, dejando al descubierto, una vez más, el control armado que persiste sobre corredores estratégicos del país.
Eran cerca de las 3:00 de la tarde del jueves 15 de enero cuando un grupo de aproximadamente 15 hombres armados apareció en la vía Panamericana, a la altura de Santander de Quilichao. Vestían ropa oscura, se movilizaban en camionetas y motocicletas, y portaban armas de largo alcance. En cuestión de minutos cerraron el paso, intimidaron a los conductores y tomaron el control absoluto del lugar, justo en el sector del puente peatonal de la variante.
Los tractocamiones niñera transportaban 17 camionetas Toyota recién salidas de ensambladoras, vehículos nuevos, de alto valor comercial y fácil salida en el mercado ilegal. Los conductores fueron obligados a descender, reducidos bajo amenaza y posteriormente abandonados en la zona. Afortunadamente, horas después fueron hallados ilesos por las autoridades, aunque en estado de shock por lo ocurrido.
El botín rodó hacia la zona rural. Testigos aseguran que los camiones y las camionetas fueron vistos tomando rutas secundarias en dirección a sectores como Timba y Buenos Aires, áreas históricamente dominadas por grupos armados ilegales. La maniobra fue rápida: en menos de media hora, los delincuentes ya estaban fuera del alcance inmediato de la fuerza pública.
Las primeras investigaciones de la Policía y el Ejército apuntan a la estructura Jaime Martínez, una de las disidencias de las FARC con mayor poder en el norte del Cauca. Este grupo armado ilegal controla amplias zonas rurales, maneja economías ilícitas como el narcotráfico y la extorsión, y ha convertido los corredores viales en escenarios permanentes de intimidación y violencia.
La respuesta del Estado no tardó. Se activó un operativo conjunto entre Policía, Ejército y Fuerza Aérea, apoyado con drones, inteligencia técnica y patrullajes terrestres, bajo el nombre de la operación Escudo del Norte. El objetivo: ubicar los camiones, recuperar los vehículos robados y cercar a los responsables.
Horas después, las autoridades lograron localizar los dos camiones niñera abandonados y vacíos en predios rurales ubicados en límites entre Cauca y Valle del Cauca. Las plataformas estaban intactas, pero las 17 camionetas ya no estaban allí. Todo indica que fueron descargadas y dispersadas rápidamente hacia distintos puntos, posiblemente bodegas clandestinas o campamentos armados en zonas de difícil acceso como el Naya y Timba.
Aunque el hallazgo de los camiones fue un avance, el golpe económico sigue siendo millonario. Las autoridades no descartan que los vehículos sean usados como moneda de cambio en negocios ilegales, vendidos por partes o incluso empleados por las mismas estructuras armadas para su movilidad y operaciones.
Este asalto vuelve a poner en evidencia una realidad incómoda: el control territorial de las disidencias en el norte del Cauca sigue intacto. La vía Popayán–Cali, fundamental para el transporte de carga, comercio y abastecimiento, se ha convertido en un corredor de alto riesgo donde transportadores circulan con miedo constante. No es la primera vez que ocurre un hecho similar, y todo indica que no será el último.
Empresarios del sector transportador han reiterado sus llamados al Gobierno para reforzar la seguridad en esta zona, donde la presencia del Estado resulta intermitente frente a la capacidad de fuego y organización de los grupos armados. “Aquí mandan ellos”, dicen en voz baja muchos conductores que prefieren no denunciar por temor a represalias.
Mientras tanto, las autoridades aseguran que continúan los operativos para recuperar las camionetas y capturar a los responsables. Sin embargo, el golpe ya está dado y deja un mensaje claro: las disidencias no solo desafían al Estado con armas, también golpean la economía legal, el comercio y la confianza en las carreteras del país.
El robo de los dos camiones niñera no es solo un hurto de vehículos. Es una radiografía del conflicto que sigue vivo en el Cauca, donde la violencia se reinventa, se adapta y se mueve con total impunidad por las mismas carreteras que millones de colombianos transitan cada día.
