La violencia armada que azota al departamento del Guaviare se ha intensificado de manera alarmante durante los últimos días, especialmente en la zona rural del municipio de El Retorno, donde se han registrado enfrentamientos entre dos poderosas facciones disidentes de las antiguas FARC que luchan por el control territorial y las lucrativas rutas del narcotráfico. Este conflicto refleja una escalada de violencia que no solo involucra a los grupos armados ilegales, sino que también pone en riesgo a comunidades indígenas y campesinas que habitan la región.
Los choques más recientes entre las disidencias lideradas por alias Iván “Mordisco” y alias Calarcá Córdoba ocurrieron el pasado 16 de enero en área rural de El Retorno, donde oficiales del Ejército Nacional informaron que los combates dejaron al menos 20 y hasta 30 presuntos combatientes muertos. La vía que comunica las veredas La Paz y La Libertad fue el epicentro de estos enfrentamientos, y según reportes preliminares las víctimas serían mayoritariamente integrantes de la comisión Martín Villa, vinculada al bloque Amazonas bajo el mando de “Mordisco”.
La región del Guaviare es considerada estratégica para el tráfico de estupefacientes debido a su vasta extensión de selva y la cercanía con rutas que conectan con otras zonas cocaleras y fronterizas de Colombia. La disputa por el control de estas rutas es uno de los factores determinantes detrás de la violencia, en la que ambos grupos buscan consolidar su dominio para asegurar su participación en economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
La Defensoría del Pueblo, que desde años anteriores había emitido alertas tempranas sobre la posibilidad de una escalada de violencia, ha señalado que este conflicto interno ha derivado en una crisis humanitaria que sigue afectando a la población civil. En 2025, la entidad advirtió que la guerra entre las disidencias de “Mordisco” y “Calarcá” ya estaba provocando confinamientos, desplazamientos forzados y riesgos extremos en varias regiones, incluidas áreas del Guaviare.
Aunque las autoridades han iniciado labores de verificación y vigilancia en terreno —con tropas de la Brigada 22 desplegadas en la región para establecer con precisión el alcance de los enfrentamientos—, los efectos ya se sienten entre los habitantes de pueblos rurales cercanos, quienes viven con temor ante los constantes combates. El Ejército ha instalado puestos de mando unificado para coordinar la respuesta y contener la violencia, pero la complejidad del terreno y la presencia de múltiples estructuras armadas dificultan las operaciones.
La Iglesia Católica también ha expresado su preocupación por el impacto de estos combates en la comunidad, destacando que la violencia continua agrava una situación humanitaria que ya era frágil, y que obliga a muchas familias a permanecer confinadas o a tomar decisiones forzosas sobre su futuro para protegerse.
Desde hace meses, organizaciones civiles han advertido que la fragmentación de las disidencias de las FARC en facciones rivales ha cambiado la dinámica del conflicto armado en Colombia, especialmente en zonas como el Guaviare, el Catatumbo, el Putumayo, el Caquetá y el Amazonas. El rompimiento de estructuras centrales ha dado lugar a énfasis territoriales aislados, y la rivalidad entre líderes como “Mordisco” y “Calarcá” ha dejado una estela de violencia que afecta a civiles inocentes atrapados en medio de la disputa interna.
La lucha por el control territorial y las rutas de la coca no solo intensifica los enfrentamientos armados, sino que crea un ambiente de inseguridad permanente para las comunidades locales. Los confinamientos —en los que familias enteras no pueden salir de sus veredas por el temor a ser atrapadas por fuego cruzado— y los desplazamientos forzados son parte de las consecuencias palpables de esta guerra silenciosa que se desata en el corazón de Colombia.
Las confrontaciones entre “Mordisco” y “Calarcá” han generado una preocupación creciente entre autoridades civiles y militares, que insisten en la necesidad de fortalecer la seguridad en la región, proteger a la población civil y buscar salidas que no sigan traduciendo la disputa por economías ilegales en más sangre y dolor para comunidades que ya han sufrido décadas de conflicto. El llamado a la cooperación entre organismos del Estado, la acción de la Defensoría del Pueblo y el apoyo de organizaciones humanitarias será clave para intentar mitigar el impacto de una violencia que, lamentablemente, parece lejos de disminuir.
