Colombia vuelve a mirar al cielo con preocupación. Las lluvias no dan tregua y los ríos desbordados, las carreteras colapsadas y miles de familias desplazadas obligaron al presidente Gustavo Petro a decretar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en ocho departamentos del país.
La medida, oficializada mediante el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, tendrá una vigencia inicial de 30 días y cobija a Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, regiones donde el invierno ha golpeado con mayor fuerza.
Las cifras son alarmantes. Según el balance preliminar del Gobierno, al menos 14 personas han muerto, más de 9.000 viviendas quedaron destruidas y cerca de 50.000 familias resultaron damnificadas. Barrios enteros bajo el agua, cultivos perdidos y comunidades incomunicadas dibujan un panorama crítico, especialmente en zonas rurales del Caribe y el Pacífico.
La declaratoria permite al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley para actuar con rapidez. Esto significa agilizar recursos, contratar obras de emergencia, habilitar ayudas humanitarias y tomar decisiones extraordinarias sin los trámites habituales. El objetivo, según la Casa de Nariño, es evitar que la tragedia social y económica se profundice.
El documento oficial argumenta que se cumplen los requisitos constitucionales: hechos sobrevinientes, gravedad inminente y la insuficiencia de medidas ordinarias. Entre el 1 y el 6 de febrero, un fenómeno hidrometeorológico atípico, asociado al desplazamiento anómalo de un frente frío, intensificó las precipitaciones en la región Caribe, provocando inundaciones masivas y deslizamientos.
En departamentos como Córdoba y Sucre, los ríos Sinú y San Jorge han superado niveles históricos, dejando comunidades enteras bajo el agua. En Chocó, varias vías permanecen bloqueadas, mientras en La Guajira las lluvias afectan a poblaciones que ya enfrentaban crisis humanitaria.
Petro también pidió a la Corte Constitucional levantar la suspensión de un decreto anterior para ampliar las herramientas legales y financieras. “Aquí está en juego la vida de las personas”, insistió el mandatario, subrayando que la respuesta debe ser inmediata.
La emergencia no solo es climática, sino social. Miles de familias hoy duermen en albergues improvisados, dependen de ayudas y temen perderlo todo. El reto del Gobierno será convertir el decreto en soluciones reales sobre el terreno.
Mientras tanto, el país entero observa con expectativa y solidaridad, consciente de que la reconstrucción apenas comienza.
