En un movimiento que sacude los cimientos políticos de Colombia, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha decidido pasar de la retórica a la acción contundente. Este viernes, en un acto cargado de simbolismo y tensión política, se oficializó la inscripción del Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.
El “Plan B” ante el bloqueo legislativo
La estrategia es clara: si el Congreso de la República no aprueba las reformas sociales, el Gobierno buscará que sea el pueblo quien las redacte desde cero. Tras el reciente hundimiento de la reforma a la salud en la Comisión Séptima, el mandatario ha decidido activar este mecanismo constitucional, desafiando el orden establecido y poniendo la mirada en las mayorías ciudadanas.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, fue el encargado de liderar la delegación que inscribió a los nueve integrantes del comité, un grupo diverso que incluye figuras como Armando Wouriyu Valbuena y Yesenia Moreno Rodríguez.
El reto de las firmas: ¿Lograrán los 10 millones?
El camino no será fácil. De acuerdo con las leyes vigentes, el comité enfrenta una carrera contra el reloj:
El plazo: Tienen exactamente seis meses para la recolección de apoyos.
El mínimo legal: Deben reunir el 5% del censo electoral, lo que representa aproximadamente 2 millones de firmas.
La meta del Gobierno: Sanguino ha sido ambicioso al proyectar una cifra de 10 millones de apoyos, buscando demostrar un respaldo popular que sea “imposible de ignorar”.
La mira puesta en las elecciones de 2026
Lo que hace este anuncio aún más estratégico es su cercanía con el calendario electoral. La apuesta del Ejecutivo es que la convocatoria de esta Constituyente coincida o sea impulsada por el nuevo Congreso que se elegirá el 8 de marzo de 2026.
El mensaje de Petro es directo: si el legislativo actual no “obedece los intereses del pueblo”, el siguiente deberá hacerlo bajo el mandato de una nueva Carta Política.
¿Un salto al vacío o una necesidad histórica?
Para los críticos, esta es una maniobra que pone en riesgo la estabilidad democrática y la separación de poderes. Para los simpatizantes, es la única vía para destrabar un sistema que impide cambios estructurales en salud, pensiones y tierras.
Lo cierto es que Colombia entra hoy en un nuevo capítulo de su historia política. Con la inscripción de este comité, el debate ya no es si habrá o no Constituyente, sino si el Gobierno logrará el músculo popular para hacerla realidad en las urnas.
