Una nueva controversia sacude el panorama político colombiano tras conocerse una denuncia presentada ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro Urrego. El señalamiento gira en torno a un contrato por cerca de 10.000 millones de pesos, suscrito a través del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), para la contratación de asesoría jurídica internacional.
Según la queja, el objeto del contrato estaría presuntamente relacionado con la defensa personal del mandatario, luego de la polémica generada por versiones que lo vincularían, junto a miembros de su familia, con la llamada lista Clinton, un mecanismo del Gobierno de Estados Unidos que impone sanciones financieras a personas o entidades asociadas con actividades ilícitas. Aunque no existe confirmación oficial de dicha inclusión, el solo rumor generó una fuerte reacción política y mediática.
El denunciante sostiene que, de comprobarse que los servicios jurídicos contratados tienen como finalidad atender asuntos de carácter personal del jefe de Estado, se estaría incurriendo en un uso indebido de recursos públicos. La denuncia argumenta que el presupuesto estatal no puede ser destinado para la defensa privada de un funcionario, incluso si se trata del presidente de la República, y solicita que se investigue si hubo extralimitación de funciones o posible detrimento patrimonial.
Desde sectores críticos del Gobierno, se ha cuestionado no solo el monto del contrato, sino también la falta de claridad sobre su alcance, los términos específicos de la asesoría y los beneficios concretos para el Estado colombiano. Para estos sectores, el caso refleja una contradicción entre el discurso de austeridad promovido por el presidente Petro y el elevado gasto comprometido en este proceso contractual.
Por su parte, voceros cercanos al Ejecutivo han defendido la legalidad del contrato, asegurando que la asesoría jurídica internacional busca proteger los intereses del Estado colombiano ante eventuales escenarios legales o diplomáticos que podrían afectar la institucionalidad del país. En ese sentido, argumentan que cualquier afectación a la figura presidencial tiene repercusiones directas sobre la Nación y, por tanto, justifica la intervención del Estado.
La Comisión de Investigación y Acusaciones deberá ahora evaluar la denuncia, analizar los documentos contractuales y determinar si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal contra el mandatario. Este organismo es el encargado constitucionalmente de adelantar procesos contra el presidente y otros altos funcionarios del Estado.
Mientras avanza el trámite, el caso vuelve a poner en el centro del debate público el manejo de los recursos oficiales, los límites entre lo público y lo privado en el ejercicio del poder, y la creciente polarización política que rodea cada decisión del Gobierno nacional. Para muchos ciudadanos, el desenlace de esta denuncia será una prueba clave sobre la transparencia y la responsabilidad en el uso del erario.
