En pleno año electoral, cuando la lupa pública se posa con mayor rigor sobre las decisiones del Gobierno, una nueva controversia sacude el corazón del poder en Colombia. Una serie de movimientos administrativos y contractuales en la Presidencia de la República y el Fondo de Adaptación ha abierto un debate sobre el uso del aparato estatal, la pérdida de memoria técnica y las tensiones internas que, según fuentes, se han vuelto recurrentes en la Casa de Nariño.
La protagonista de esta nueva polémica es Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y, de manera simultánea, gerente encargada del Fondo de Adaptación. Desde estas dos posiciones estratégicas, Rodríguez concentra un poder administrativo clave en la definición de cargos, contratos y líneas de acción en entidades con alto presupuesto y relevancia política.
El Fondo de Adaptación, creado para ejecutar proyectos integrales de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, maneja una bolsa anual cercana a los 668 mil millones de pesos. Aunque su naturaleza es eminentemente técnica, enfocada en la mitigación de riesgos asociados a fenómenos como La Niña, en los últimos meses su funcionamiento ha sido señalado por un creciente tinte político, especialmente en lo relacionado con la contratación de personal.
De acuerdo con información conocida en primicia, el pasado 1 de enero se habría ordenado la salida de 15 funcionarios del Fondo de Adaptación. Algunos de ellos contaban con una trayectoria que venía desde gobiernos anteriores y otros hacían parte del actual. La forma en la que se produjo la desvinculación generó malestar entre trabajadores salientes, quienes aseguran que no hubo explicación previa ni un proceso de empalme adecuado.
“Simplemente no aparecimos en la resolución y ya no hacíamos parte del Fondo. Así se pierde la memoria técnica de la entidad”, relató una funcionaria bajo reserva, reflejando una preocupación que va más allá de la pérdida de empleos: la continuidad y calidad de los proyectos en ejecución.
Paralelo a estas salidas, se alistaba el nombramiento de cerca de 30 nuevos funcionarios para reemplazar a quienes fueron desvinculados. A esto se sumarían más contrataciones durante enero, antes de que entren plenamente en vigor las restricciones de la Ley de Garantías, que limita la contratación estatal en época electoral para evitar el uso político de los recursos públicos.
La Ley de Garantías, que comenzó a regir desde noviembre, prohíbe a partir del 31 de enero la celebración de contratos directos sin convocatoria pública. Este escenario ha provocado, según denuncias en distintos sectores, una carrera contrarreloj en varias entidades del Estado para asegurar contratos y nombramientos antes del cierre legal. Ministerios, entidades adscritas e incluso algunas EPS intervenidas han sido señaladas de “acelerar” procesos en este contexto.
En el caso del Fondo de Adaptación, fuentes cercanas aseguran que los nuevos nombramientos ya están definidos, lo que alimenta la percepción de que se estaría aprovechando la ventana previa a la aplicación estricta de la Ley de Garantías. Aunque desde el Gobierno se ha defendido la legalidad de estos movimientos, las críticas apuntan a la oportunidad política y al impacto institucional de las decisiones.
Este episodio también revive una narrativa que ha acompañado al actual Gobierno: el llamado “fuego amigo” dentro de la Casa de Nariño. Las disputas internas por el control de espacios de poder, la rotación constante de funcionarios y los cuestionamientos cruzados han marcado la dinámica de una administración que prometió un cambio en las prácticas tradicionales de la política.
Para analistas, el problema no se limita a si los nombramientos son legales, sino a la señal que se envía en términos de transparencia y coherencia con el discurso de cambio. En entidades técnicas como el Fondo de Adaptación, advierten, la politización puede traducirse en retrasos, mala ejecución y pérdida de conocimiento acumulado, afectando directamente a las comunidades que dependen de esos proyectos.
Mientras tanto, el debate sigue abierto. En un país donde la contratación estatal ha sido históricamente un terreno sensible, cada movimiento en año electoral adquiere un peso mayor. La expectativa ciudadana está puesta en que los organismos de control hagan seguimiento a estas decisiones y que, más allá de la legalidad, se evalúe su impacto ético y administrativo.
Lo cierto es que, en medio de elecciones, tensiones internas y decisiones de alto calibre, la gestión pública vuelve a estar en el centro de la discusión. Y una vez más, la pregunta resuena con fuerza: ¿hasta dónde llegan las necesidades administrativas y dónde comienzan las jugadas políticas?
