La advertencia del presidente Gustavo Petro sobre un posible riesgo en el pago de salarios a policías y soldados si la Corte Constitucional tumba el decreto de emergencia económica encendió una fuerte polémica política, jurídica y social en el país. La afirmación, hecha durante el Consejo de Ministros del lunes 19 de enero, abrió un debate de fondo sobre los límites fiscales del Estado, el alcance de la Constitución y el verdadero impacto de una eventual caída de la emergencia económica decretada por el Gobierno.
Según el jefe de Estado, la emergencia económica es una herramienta clave para preservar la estabilidad financiera de la Nación, especialmente frente al creciente costo del servicio de la deuda pública. Petro sostuvo que, sin los recursos adicionales que permitiría el decreto, el margen de maniobra del Gobierno se reduciría al mínimo, dejando como únicas opciones recortes en sectores sensibles como la salud, la educación, las pensiones y, en un escenario extremo, los salarios de la fuerza pública.
El mandatario explicó que su administración ya ejecutó un recorte de 16 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación durante el año anterior, lo que —a su juicio— deja muy poco espacio para nuevos ajustes. “No hay de dónde más recortar sin afectar derechos fundamentales”, insistió, al advertir sobre las consecuencias fiscales de una eventual anulación del decreto por parte de la Corte Constitucional.
Sin embargo, expertos constitucionales y analistas presupuestales coinciden en que la posibilidad real de dejar de pagar salarios a policías y soldados es prácticamente nula. La Constitución Política de Colombia protege de manera expresa el gasto social y reconoce los salarios de los trabajadores del Estado, incluidos los miembros de la Fuerza Pública, como derechos adquiridos. Esto implica que no pueden ser suspendidos ni reducidos arbitrariamente, incluso en escenarios de alta presión fiscal.
Además, el pago de la nómina estatal hace parte de las obligaciones prioritarias del Estado. En términos legales, un incumplimiento en este rubro abriría la puerta a demandas masivas, tutelas y acciones judiciales que pondrían al Gobierno en una situación aún más compleja que la que busca evitar con la emergencia económica.
En ese sentido, la advertencia de Petro es interpretada por algunos sectores como una alerta política más que como un escenario jurídicamente viable. Para otros, se trata de una forma de presionar a la Corte Constitucional frente al estudio del decreto, subrayando los posibles efectos sociales de una decisión adversa.
El debate fiscal se cruzó además con una fuerte crítica del presidente al sistema de salud. Durante el mismo Consejo de Ministros, Petro se refirió a un reciente concepto del Consejo de Estado relacionado con el manejo de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que son los dineros con los que se financia la atención en salud de los colombianos.
El pronunciamiento del alto tribunal concluyó que las EPS pueden utilizar recursos de la UPC para cubrir obligaciones de vigencias anteriores, siempre que dichas deudas no estén vencidas y no se ponga en riesgo la atención de los pacientes. La Sala de Consulta y Servicio Civil explicó que estos recursos tienen naturaleza parafiscal y no están sujetos al principio de anualidad presupuestal, ya que no fueron incorporados de manera expresa al Presupuesto General de la Nación.
Para el presidente, esta interpretación “descuadra todo el sistema”. Petro advirtió que permitir el pago de deudas antiguas con recursos destinados a la atención actual podría generar un desfinanciamiento del sistema de salud y afectar directamente a los pacientes. “Se paga el pasado y se deja sin recursos el presente”, afirmó, calificando el escenario como insostenible.
A partir de esa lectura, el mandatario planteó la posibilidad de liquidar las EPS que actualmente se encuentran bajo intervención del Gobierno. Según Petro, mantenerlas operando bajo estas condiciones las convierte en un “barril sin fondo”, ya que los recursos nuevos se destinarían a
